En defensa de una educación pública de calidad

En este momento la desigualdad educativa sigue siendo el principal problema a resolver, reflejo de la desigualdad social profundizada y alimentada por la dictadura militar y la dictadura económica neoliberal imperante. Hoy tenemos educación pública de mala calidad para las clases empobrecidas, educación privada subsidiada para las clases medias y educación privada para ricos. Aun en los países en los que se están haciendo esfuerzos para transformar esa realidad, esta lacerante desigualdad sigue vigente.
Las reformas han deteriorado la profesión docente, generando salarios de hambre en los años ochenta y recuperaciones totalmente insuficientes de los mismos en los años noventa y hasta la fecha, de modo que la profesión se ha vuelto un quehacer no atractivo para las nuevas generaciones y en una opción de tercer nivel en sus decisiones de estudios superiores, sumado a la pobre valoración social de la que es víctima. La formación inicial y en servicio no forma parte de la mayoría de políticas de Estado, y más aún ha sido privatizada y puesta en manos de entidades particulares que no observan un compromiso con el desarrollo nacional ni a corto ni a largo plazo. Junto con esto, hoy surgen cientos de supuestas universidades e institutos de educación superior dedicados a producir docentes, entregando títulos profesionales hasta por correo, sin que el Estado desarrolle fiscalizaciones rigurosas.
En los países de América Latina donde hay gobiernos de signo neoliberal, los sistemas educativos continúan siendo deteriorados, con el concurso de las Instituciones Financieras Internacionales, entre ellos el Banco Mundial. Dichos sectores han culpabilizado tanto el sentido de lo público, como a educadoras y educadores del estado de deterioro de la educación pública. Todo esto ha conformado un discurso y prácticas deliberadas para desprestigiar el sistema de educación pública en la sociedad e instalar el comercio de la educación, excluyendo y limitando las capacidades del Estado para garantizar la calidad y sostenimiento de la educación en los países y convertir la educación como otra actividad económica a ser desarrollada por la empresa privada nacional y transnacional. Esto no ha sucedido de manera fortuita sino que constituye parte de las tácticas de sectores empresariales altamente beneficiados con las políticas neoliberales.
Mientras tanto, algunos gobiernos en asocio con empresas privadas nacionales y transnacionales aumentan la presión en las negociaciones sobre servicios en el marco del Acuerdo General de Comercios de Servicios (AGCS o GATS en inglés), buscando acentuar la tendencia a la comercialización de la educación en todos sus niveles. En América Latina se verifican casos de iniciativas impulsadas por gobiernos, tendientes a promover la movilidad de estudiantes y profesores, el reconocimiento de títulos y la acreditación conjunta de carreras en el marco de acuerdos regionales o bilaterales en un contexto de mucha desigualdad en cuanto a oportunidades educativas y laborales. Ello propicia así el desarrollo de mecanismos que, de no mediar una decidida intervención de los Estados tal que garantice y preserve el carácter público de la educación, como derecho social fundamental para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, afectan de manera enfática al sector de la educación superior al profundizar el proceso de transnacionalización mercantil y ahora facilitado por el empleo de las nuevas tecnologías que permiten la comercialización de la educación en su modalidad virtual.
De esta manera, se reafirma que la educación como un derecho humano y un derecho social fundamental no puede ser transformada en una mercancía.
Continuemos combatiendo abiertamente las políticas de deterioro de la educación pública, su privatización y a sus gestores nacionales e internacionales. En tal sentido, se continuará desarrollando acciones contra la comercialización de la educación y por la no inclusión de la educación como un servicio en el marco del Acuerdo General de Comercio y Servicios.
A la vez, promover en conjunto con otros sectores de la sociedad, debates nacionales que sean la base para la formulación de propuestas educativas alternativas, que busquen aumentar el nivel de los derechos